El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Educación, ha oficializado una poda neta de $78.711 millones sobre el presupuesto vigente, afectando desde programas clave hasta la infraestructura básica.
Esta cifra equivale, para ponerlo en perspectiva, a la construcción de casi ochenta escuelas modernas o a cubrir el sueldo anual de más de 195.000 maestros con salario promedio. La decisión se da en un contexto de creciente tensión con las universidades, que ya se manifiestan en todo el país.
Los rubros más golpeados
El Plan Nacional de Alfabetización sufre la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones, lo que representa un 5,9% de sus fondos. Pero la estocada más profunda en términos porcentuales la recibe el área de Infraestructura y Equipamiento, con un recorte de $21.687 millones, casi la mitad de su presupuesto original. Esto significa un freno a la mejora y construcción de espacios educativos que ya estaban comprometidos.
Los docentes también sienten el impacto directo. El Fondo de Compensación Salarial Docente, una herramienta clave para garantizar un piso salarial en las provincias, ve reducido su presupuesto en $8.930 millones, un 33,8% menos.
Programas vitales como la Formación Docente, la Gestión Educativa y las Políticas Socioeducativas, encargadas de la calidad y el acompañamiento, también sufren recortes significativos, erosionando las bases del sistema.
El sector universitario no escapa a la tijera. Aunque las becas a estudiantes tuvieron un recorte marginal, el golpe más fuerte llega por la vía indirecta: una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación.
Este recorte del 47,9% afecta directamente el financiamiento que llega a diversas instituciones de educación superior, poniendo en jaque su funcionamiento y capacidad de investigación. Incluso la CONEAU, el organismo que evalúa y acredita la calidad universitaria, pierde $32 millones.
En definitiva, la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar un ajuste tan profundo en el área educativa, pese a su objetivo de sanear las cuentas públicas, plantea un interrogante crucial sobre el futuro de Argentina.
La tensión entre la austeridad fiscal y la inversión en capital humano es un debate abierto, y las masivas marchas universitarias son un claro reflejo de que la comunidad educativa no está dispuesta a ceder sin dar batalla.