Argentina se prepara para un nuevo pulso de fuerza. Apenas unas horas antes de que miles de estudiantes, docentes y ciudadanos se lancen a las calles en una Marcha Universitaria Federal que promete ser masiva, el gobierno de Javier Milei no solo mantuvo firme su postura de ajuste, sino que redobló la apuesta con nuevas medidas y victorias judiciales que calientan aún más el ambiente.
La administración libertaria llega a esta instancia con el viento a favor de dos fallos judiciales clave obtenidos anteayer. Por un lado, se ratificó la vigencia de la controvertida reforma laboral, un espaldarazo a sus políticas económicas.
Por el otro, y quizás el golpe más directo a la protesta, la Justicia suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión le quita a la movilización uno de sus lemas más resonantes: el “Milei, cumplí la ley” pierde su fuerza legal inmediata, aunque no su carga simbólica.
Pero el gobierno no se quedó solo con los triunfos judiciales. Mediante una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se anunció un recorte adicional de más de 5.300 millones de pesos destinado a obras en universidades nacionales.
Este monto, que podría financiar la construcción de más de 50 escuelas básicas o cubrir el sueldo promedio de casi dieciocho mil trabajadores por un mes, forma parte de un ajuste mucho mayor de 78.768 millones de pesos en la Secretaría de Educación, una cifra que equivale a lo que se necesitaría para construir más de 700 escuelas o pagar el salario de más de un cuarto de millón de trabajadores durante un mes.
Este nuevo tijeretazo no es abstracto; impacta directamente en instituciones como las universidades nacionales de La Plata, Avellaneda, Río Cuarto, Entre Ríos, el Litoral, el Nordeste, el Centro de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y José C Paz.