Desde el Frente Renovador desmintieron al Gobierno: “la verdadera motosierra es la de Milei”

En medio del fuerte conflicto presupuestario que atraviesan las universidades nacionales, el referente de jóvenes del Frente Renovador (FR) por la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Romero, salió al cruce de las versiones difundidas por el gobierno de Javier Milei sobre un supuesto recorte educativo durante la gestión de Sergio Massa. Para el dirigente y estudiante de Derecho, el oficialismo “difunde mentiras para justificar su propio ajuste”.

Romero subrayó que la voluntad política de la gestión anterior quedó plasmada en la Ley de Financiamiento Educativo presentada por Massa en 2023, la cual proponía elevar la inversión del 6% al 8% del PBI.

“Es ridículo sostener que alguien que proponía aumentar la inversión educativa al 8% 'recortaba' al mismo tiempo la educación”, sentenció.

Respecto a las críticas sobre modificaciones presupuestarias en 2023, el referente aclaró que hubo una reasignación de $50.000 millones y no $70.000 millones, como sostiene el oficialismo.

Además, explicó que se trató de partidas no ejecutadas en tiempo y forma que fueron reasignadas sin afectar el funcionamiento de las casas de estudio.

La mayor parte de esos fondos correspondían al programa Conectar Igualdad, debido a demoras en la entrega de notebooks por parte de proveedores, no a una quita de recursos.

Infraestructura y “obras del cuidado”

El dirigente del FR también puso en valor la política de infraestructura llevada adelante en paralelo a la inversión educativa. Destacó que durante la gestión pasada se ejecutaron 607 proyectos de infraestructura del cuidado, que incluyeron la construcción de 364 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 12 hospitales modulares levantados durante la pandemia.

Según Romero, el financiamiento universitario fue reforzado para sostener el funcionamiento de las instituciones nacionales, en un esquema de compensación de obras a través del Ministerio de Obras Públicas.

Concluyó que, frente a la parálisis actual de fondos que denuncian las universidades, el relato oficialista busca “embarrar la cancha” para ocultar el impacto real del ajuste que hoy mantiene en vilo a más de 700.000 pacientes de la red de salud UBA y a toda la comunidad educativa.