En medio de las alertas por el “Super Niño”, el Gobierno bonaerense promulgó la ley 15.688, que habilita a los intendentes a utilizar hasta la totalidad de los fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para ejecutar obras hidráulicas.

La medida tendrá una vigencia excepcional de 180 días y abrió una discusión sobre las prioridades de inversión en los municipios del interior. Los recursos podran ser destinados a trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico.

Sin embargo, la decisión no será obligatoria: cada municipio podrá resolver si utiliza los fondos para atender las contingencias hídricas o si mantiene su destino original.

La iniciativa, impulsada por el senador Sergio Vargas, apunta a ampliar las herramientas de los gobiernos locales frente a los problemas que pueden generar las lluvias y los excesos de agua. Pero el cambio en el destino de los recursos cosechó cuestionamientos del sector agropecuario y de sectores de la oposición legislativa.

Una ley bajo cuestionamiento

Una de las voces críticas fue la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, quien había advertido sobre el alcance de la norma y la posibilidad de que los fondos afectados a caminos rurales terminaran financiando intervenciones hidráulicas incluso dentro de los cascos urbanos.

“No podemos sacarle a una infraestructura para darle a otra infraestructura”, sostuvo en diálogo con La Letra Chica.

La legisladora también apuntó contra el tratamiento parlamentario del proyecto, al señalar que se aprobó sobre tablas y sin una discusión previa en las comisiones correspondientes. “Fue un tratamiento muy exprés”, cuestionó, y reclamó que se hubiera convocado a las entidades rurales para conocer su posición antes de avanzar con la sanción.

Vaccarezza había planteado, además, que las obras hidráulicas podían financiarse con otras herramientas disponibles para los intendentes, sin comprometer las partidas destinadas al mantenimiento de los caminos.

Con la ley ya promulgada, la discusión se traslada ahora a los municipios. La decisión de utilizar o no esos recursos quedará en manos de cada intendente, en un escenario donde las necesidades hídricas conviven con los reclamos por el estado de los caminos rurales y el impacto que su deterioro puede tener sobre la producción bonaerense.