La controversia en torno a la organización de la misa masiva oficiada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político e institucional.

A la indignación social por la instalación de carpas VIP se añadió la denuncia pública de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien reveló no haber asistido al oficio religioso por no haber recibido el código QR oficial requerido para superar los anulares de seguridad, exponiendo una vez más la fractura que atraviesa a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional.

La confirmación de Villarruel, expresada a través de sus canales digitales al señalar que “nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, chocó de inmediato con la versión difundida desde la Casa Rosada, donde colaboradores del presidente Javier Milei aseguraron que la convocatoria protocolar había sido cursada en tiempo y forma.

La marginación de la titular del Senado en Palermo se contrapone con la breve interacción que mantuvo con el Pontífice el domingo en el Centro Cultural Kirchner y con su posterior ponderación pública de las actividades papales en la Provincia de Buenos Aires, dejando al descubierto el celo con el que la Secretaría General de la Presidencia administró las acreditaciones del acontecimiento.

Al mismo tiempo, la controversia por los accesos preferenciales escaló hacia el plano económico y judicial tras confirmarse la presencia en los sectores VIP del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y de prominentes capitanes de la industria y el sector energético.

De acuerdo con reconstrucciones del evento, un núcleo reducido de empresarios integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni mantuvo un breve encuentro privado con el Santo Padre en un recinto contiguo al escenario principal tras la celebración litúrgica.