El anuncio del desmantelamiento de la atención a los afiliados de la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) en el municipio de Coronel Rosales generó un severo foco de conflicto social e institucional en Punta Alta, sede de la Base Naval Puerto Belgrano.
La medida, que implica el cierre de la delegación local, el policonsultorio y las farmacias, amenazando 83 puestos de trabajo directos, provocó una masiva reacción vecinal y desencadenó una impensada rebelión política en el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA).
La tensión escaló de manera determinante tras la realización de una pueblada frente a las dependencias afectadas y la postura pública adoptada por el presidente del Concejo Deliberante local, Pablo Gómez.
El dirigente, que actúa como el armador territorial designado en ese distrito del sur bonaerense por Sebastián Pareja, cuestionó con extrema dureza la metodología del ajuste aplicado por la gestión de Javier Milei.
Gómez denunció que en las negociaciones con el Ministerio de Defensa les alteraron las condiciones comprometidas de forma imprevista y calificó la resolución como “ilegal”, advirtiendo que la retracción del Estado nacional impacta de forma asimétrica en una comunidad cuya economía depende de la estructura militar y de la salud de las Fuerzas Armadas.
La postura del edil libertario evidencia un viraje táctico obligado por la presión social de la comunidad rosaleña y los reclamos del gremio ATE. Tras negarse inicialmente a acompañar un proyecto parlamentario en defensa de los trabajadores de Iosfa, la bancada oficialista debió convalidar la iniciativa en la siguiente sesión del cuerpo deliberativo ante la presencia masiva de los empleados afectados.
La promesa de Gómez de viajar a la Ciudad de Buenos Aires para exigir explicaciones a la conducción del Ministerio de Defensa y a la mesa política de Balcarce 50 añade una nueva fisura interna al esquema provincial de LLA, golpeando la territorialidad libertaria en un momento marcado por las controversias patrimoniales de su propio referente provincial y las tensiones legislativas por el cierre del ejercicio fiscal en La Plata.