La irrupción de una comitiva de unos 80 a 90 intendentes de distintas provincias en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados introduce una variable de alta presión transversal al debate del Presupuesto 2027.
La movilización del transversal Consejo Federal de Intendentes, articulado por figuras de peso del centro y norte del país como Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba) y Rosario Romero (Paraná), unifica el reclamo de gestiones locales de diversos signos políticos frente a las políticas de recorte e inequidad en el reparto de partidas por parte del Gobierno nacional de Javier Milei.
Los alcaldes denunciaron la paradoja de que la Casa Rosada sostenga transferencias y esquema de compensación tarifaria únicamente para el colectivo en el AMBA, mientras el resto del país abona pasajes de colectivo que superan los $2.100.
Argumentan que los fondos salen de la recaudación nacional del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), tasa abonada por todos los ciudadanos del país, que la Nación utiliza para consolidar el superávit fiscal en lugar de coparticiparlo de forma federal. Intendentes como Passerini advirtieron que evalúan judicializar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no hay respuestas en la ley de leyes.
La denuncia por el recorte de la cobertura del programa Remediar, que pasó de 129 a solo 6 tratamientos básicos, representando un recorte del 95%, y la falta de liquidación de obligaciones atrasadas del PAMI con efectores municipales obliga a las municipalidades a amortiguar el faltante de insumos con recursos propios.
Los jefes comunales apuestan a constituir una bancada transatlántica entre bloques provinciales para condicionar la aprobación del Presupuesto 2027 a la restitución del Fondo Compensador del Transporte y la garantía de provisiones del Remediar.
Aunque el foco del reclamo cuestiona la centralidad del AMBA, la denuncia contra el desfinanciamiento de Remediar y el vaciamiento de prestaciones del PAMI refuerza el planteo de gestión del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quienes vienen denunciando el colapso de las guardias y efectores públicos provinciales por la demanda de pacientes expulsados de las coberturas nacionales y privadas.