La Legislatura bonaerense abrió un nuevo frente de discusión con el sector agropecuario al habilitar a los municipios a utilizar hasta la totalidad de los fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras hídricas. La decisión cosechó cuestionamientos por el destino de los recursos y la falta de debate parlamentario.

La iniciativa autoriza, por un período excepcional de 180 días, la reasignación de partidas vinculadas con los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural que reciben los distritos.

El objetivo es ampliar las herramientas disponibles para ejecutar intervenciones hidráulicas frente a los problemas que generan los excesos de agua en distintas zonas de la provincia.

Sin embargo, la medida encendió las alarmas entre dirigentes opositores y entidades rurales, que advierten sobre el riesgo de desfinanciar el mantenimiento de los caminos por los que circulan la producción, los servicios y los habitantes del interior bonaerense.

El rechazo de Vaccarezza

Una de las voces que salió a cuestionar la norma fue la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, quien dejó asentado su rechazo y apuntó contra el procedimiento legislativo que permitió avanzar con la iniciativa.

La legisladora sostuvo que los fondos tienen un destino específico y que habilitar su utilización para otras obras supone un perjuicio para el sector agropecuario. También cuestionó que el proyecto llegara al recinto sin pasar por comisión ni abrir una instancia de discusión con los productores y sus organizaciones representativas.

“Se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales”, planteó Vaccarezza, que puso el foco en la falta de participación del sector en una discusión que afecta directamente sus condiciones de trabajo.

La advertencia de las entidades rurales

El rechazo también llegó desde las organizaciones del campo. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó el tratamiento de la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias de redireccionar recursos que deberían contribuir al mantenimiento de los caminos rurales.

La entidad puso el foco tanto en el mecanismo elegido para aprobar la ley como en la prioridad que debe tener la infraestructura vial en los municipios bonaerenses. El planteo coincide con el de los sectores que advierten que atender la emergencia hídrica no debería comprometer los recursos necesarios para sostener la actividad productiva.

Una discusión que va más allá de los caminos

La sanción vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos vinculados con el Impuesto Inmobiliario Rural y los mecanismos de control sobre su utilización.

Para los municipios, la autorización representa una herramienta extraordinaria para responder a contingencias hídricas. Para los productores que rechazan la medida, en cambio, el interrogante es quién garantizará que la reasignación de partidas no termine postergando las obras viales que reclaman desde hace tiempo.

Con la ley ya sancionada, la discusión se trasladará a los distritos, donde quedará en evidencia cómo se instrumenta la reasignación de los recursos y qué lugar ocupará el mantenimiento de los caminos rurales en las prioridades de cada municipio.