El Poder Ejecutivo avanza en la confección de un decreto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que establecerá un nuevo régimen de retiros voluntarios para la administración pública nacional.

La medida estará orientada al personal de planta permanente de la administración centralizada y a contratados por tiempo indeterminado, fijando compensaciones de hasta 20 sueldos y la prohibición de reingresar al sector público nacional durante un plazo de ocho años.

Según proyecciones oficiales, la iniciativa apunta a un universo potencial de aproximadamente 21.187 empleados estatales, estimando una adhesión inicial cercana a los 2.187 trabajadores, con un costo fiscal estimado en la franja de los $116.500 a $130.000 millones.

La propuesta del Gabinete contempla adaptar los ofrecimientos de desvinculación a tres categorías de agentes estatales. Agentes en edad y con años de aportes para jubilarse, facilidades para agilizar la tramitación del beneficio previsional.

Agentes en edad jubilatoria sin la totalidad de los años cotizados. La asistencia para volcar parte de la compensación económica hacia la cancelación de moratorias previsionales. Ante el esquema indemnizatorio para quienes opten por migrar al sector privado o emprender en la actividad autónoma.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, rechazó categóricamente la medida, definiendo el esquema como un “despido extorsivo” amparado en la presión sobre la estabilidad de los puestos de trabajo y la cobertura de la obra social.