La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se encamina a presentar de manera inminente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera, una iniciativa histórica expuesta originalmente en abril de este año que busca desvincular el presupuesto del Poder Judicial de las decisiones directas del Poder Ejecutivo provincial.

El texto ingresaría entre esta semana y la próxima, en medio de visiones matizadas dentro del propio Máximo Tribunal. Mientras el juez Daniel Soria ha sugerido cautela para asegurar consensos políticos en las bancadas y evitar que la norma quede encajonada en comisiones, el presidente del cuerpo, Sergio Torres, impulsa la presentación inmediata para cumplir con el compromiso asumido al frente del Máximo Tribunal y reactivar el debate sobre el servicio de justicia y las cuatro vacantes pendientes en la Corte.

El objetivo central de la propuesta es terminar con las delegaciones históricas al Ejecutivo en materia de fondos y salarios, dotando a la administración de justicia de una estructura económica propia y mecanismos de recaudación directa.

La Corte formulará su proyecto presupuestario en consulta con el Ministerio Público y se incorporará como sección autónoma en la Ley de Presupuesto General de la Provincia, sin reducciones en su cuantía.

En el reparto interno de fondos, se establece un esquema de distribución del 65% para la Administración de Justicia y un 35% para el Ministerio Público, contemplando revisiones anuales según la carga de litigiosidad.

Además de las tasas y multas vigentes, la Corte pasará a percibir entre un 40% y un 50% de la rentabilidad generada por los depósitos judiciales en el Banco Provincia, ingresos que se volcarán prioritariamente a infraestructura, tecnología y equipamiento mediante un Fondo Fiduciario específico.

El Tribunal fijará el escalafón del sector y buscará una paridad progresiva con las remuneraciones de la Justicia federal, proponiendo un convenio plurianual de hasta cinco años con el Ejecutivo para recortar al menos el 85% de la brecha salarial existente.