La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar una medida cautelar y dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras (artículo 154 del DNU 70/23) generó un fuerte cimbronazo político.

El fallo, que se concentró en aspectos procesales sobre la falta de legitimación del CECIM La Plata, reinstaló la validez del articulado del mega decreto y reactivó de forma inmediata el accionar de la oposición en el Parlamento.

Un colectivo multisectorial de bloques parlamentarios, integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, presentó una solicitud formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para convocar a una sesión especial el jueves 15 de octubre a las 14:00.

La agenda legislativa impulsada por los bloques firmantes incluye puntos de alto impacto social e institucional que buscan marcarle la cancha al Poder Ejecutivo:

Derogación del DNU 70/23: Tratamiento del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, buscando convalidar el rechazo ya emitido por el Senado para lograr su invalidez definitiva.

Ley de Emergencia en Discapacidad: Proyectos orientados a garantizar la asignación de recursos y regularización de pagos a prestadores del sistema asistencial.

Ley de Endeudamiento Familiar: Iniciativas para el alivio financiero de los hogares y regulaciones contra la morosidad y tasas abusivas.

Convergencia en la calle: la quinta Marcha Federal Universitaria

A la tensión en el recinto se sumará un fuerte despliegue en las calles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, modificó la locación original de su protesta —que apuntaba a los Tribunales— para confluir directamente en las puertas del Palacio Legislativo.

La movilización hacia el Congreso se fijó para el 15 de octubre a las 13:30, en forma simultánea al inicio de la sesión.

Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos centrales CTA confirmaron su participación para acompañar el reclamo por el cumplimiento y financiamiento de la Ley de Educación Superior y el presupuesto universitario