La causa por la Mega Estafa inmobiliaria que implica al director técnico de Banfield, Pedro Troglio tomó un giro inesperado en las últimas horas. Luego que la defensa Troglio pidiera la detención del abogado penalista y exadministrador de la firma, Diego Lacki, la causa se tornó política y comenzó la negociación judicial.

El trasfondo del pedido de detención encendió las alarmas en los pasillos del fuero penal platense no solo por la red familiar del acusado, hermano de Javier Lacki y cuñado de la influyente fiscal bonaerense Betina Smolinsky (conocida judicialmente como Smolinski de Lacki), sino por una llamativa coincidencia de actores entre causas de alto impacto político.

El letrado que patrocina a Troglio e impulsa la encarcelación de Lacki es Miguel Molina, quien ejerce de manera simultánea la defensa técnica de Julio "Chocolate" Rigau, el puntero imputado por las estafas masivas con tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense.

En los tribunales de La Plata comenzó a circular con fuerza una hipótesis sobre la inacción y los tiempos judiciales. Según pudo saber este medio, la fiscal aceleró la causa que filtra a los medios porteños para garantizar la protección familiar. La presunción de que la fiscalía y los sectores de poder cruzados buscarían dilatar y “planchar” la causa de los fideicomisos de ABES para evitar que Diego Lacki termine tras las rejas.

En contraposición a la parálisis del expediente inmobiliario, se observa un aceleramiento en el tramo de la causa que investiga a los tarjeteros de la Cámara de Diputados, donde Molina actúa como defensor de Rigau, configurando un tablero de negociación e influencia directa entre expedientes clave del fuero local.

En ese marco, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de encubrimiento ante el juzgado de Álvaro Garganta. Desde las autoridades de la Legislatura adelantaron a este medio que el lunes habrá “una respuesta contundente” ante los embates judiciales.

La trama secreta del encubrimiento familiar

Días atrás, la presentación que busca encarcelar a Diego Lacky fue realizada por el abogado patrocinante Miguel Molina, mismo abogado que Julio “Chocolate” Rigau, ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

La investigación abierta por la paralización de obras y el colapso financiero de la constructora ABES acumula más de 150 denunciantes y un perjuicio económico global estimado en torno a los 20 millones de dólares.

Entre las víctimas figura el propio Troglio, quien denunció haber sido defraudado por una cifra superior a los 157.000 dólares, monto invertido en los fideicomisos inmobiliarios denominados ABES Dezzeo y ABES Lucero.

Como material probatorio del ardid financiero, la querella aportó 66 audios de WhatsApp mantenidos entre Diego Lacki y Fernando Gil (allegado al DT que actuó como nexo). Además de comprobantes de transferencias bancarias dirigidas a cuentas radicadas en la ciudad de Miami, Estados Unidos.