El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades nacionales y propone cambios en el régimen de prestaciones para personas con discapacidad.

El texto modifica la Ley 24.901, redefine el mecanismo de actualización de los aranceles de las prestaciones y deroga cuatro artículos de la Ley 27.793. En paralelo, fija una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades públicas, frente a los $11 billones que había solicitado el sistema universitario para el próximo año.

Qué cambia en discapacidad

Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 39, que modifica el esquema previsto en la Ley 24.901. La iniciativa establece que la universalidad de las prestaciones no implicará que los aranceles y su financiamiento tengan necesariamente los mismos valores en todas las provincias.

El Nomenclador de Prestaciones Básicas dejaría así de funcionar con valores universales para avanzar hacia un esquema con un piso mínimo determinado por cada jurisdicción. Cuando el financiamiento quede a cargo del Estado nacional, los aranceles serán actualizados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.

Si esa actualización no se realiza dentro del plazo establecido, el proyecto fija como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. El cambio llega mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre la emergencia en discapacidad.

Universidades, otro frente abierto

Para las universidades nacionales, el Presupuesto contempla $7,3 billones para funcionamiento durante 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había elevado una propuesta de $11 billones.

El proyecto también mantiene la obligación de que las casas de estudio informen sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos que reciben. El Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento en el envío de esa información.

Con estos cambios, el Presupuesto 2027 abre desde ahora una discusión política en el Congreso sobre discapacidad, financiamiento universitario y el alcance del ajuste del gasto público. El tratamiento parlamentario definirá si las modificaciones planteadas por el Gobierno logran avanzar o vuelven a convertirse en otro punto de tensión con la oposición y los sectores afectados.