La defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner, liderada por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, anunció la presentación de una prueba contundente, que significa un "giro decisivo" en la causa Vialidad, en el marco del reclamo individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

“Presentamos una nueva prueba, que definimos como trascendente, que pone en evidencia una vez más que la sentencia dictada contra Cristina Kirchner es absolutamente injusta”, sentenció Beraldi en conferencia.

El informe técnico económico-financiero que analiza el destino de los fondos de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional y concluye que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los recursos distribuidos entre 2009 y 2015, 

“Ahora tenemos la prueba de que no hay elemento fáctico”, afirmó Valim respecto a los datos que revela el informe, desmontando la acusación sobre un beneficio exclusivo al Grupo Austral a través de decretos firmados por la exmandataria.

De esta manera, sobre un total de US$ 2.200 millones desembolsados en 367 obras, las empresas de Báez recibieron US$ 18,66 millones. “Es una participación ridícula”, remarcó.

A su vez, los letrados argumentaron que resulta inviable sostener la acusación de haber usado la estructura del Estado cuando el grupo imputado ocupó una porción marginal del reparto.

El ranking que salpica a la oposición

Además, el documento reveló que las 15 empresas más beneficiadas concentraron el 75% de los recursos, encabezando la lista IECSA S.A., firma vinculada al primo de Mauricio Macri, con US$ 360 millones (16,36%).

“Los principales beneficiarios son una empresa que está vinculada a oponentes políticos de Cristina”, disparó Valim al cuestionar el sesgo de la investigación penal.

El hallazgo se desencadenó de forma inesperada durante un testimonio en la causa Cuadernos, permitiendo a la defensa encargar una auditoría independiente que, afirman, cambia drásticamente el mapa judicial.