En diálogo con el programa Diagonal a Contramano, el secretario de Derechos Humanos del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso, detalló los alcances de la acción judicial interpuesta junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

El amparo recayó en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, por contar con competencia territorial sobre la zona norte que abarca las Islas Malvinas.

El representante del CECIM explicó que la medida cautelar solicita la parálisis inmediata de las tareas de exploración, el eventual inicio de explotación hacia 2028 y la traba de cualquier operación financiera que sostenga el proyecto "Sea Lion".

“Estamos hablando de empresas privadas, en este caso Rockhopper y Navitas Petroleum, que a través de las licencias ilegítimas e ilegales concedidas por el gobierno ilegítimo e ilegal de las Islas Malvinas, empezaron a hacer desde hace varios años la exploración de petróleo en la cuenca de Malvinas”, sintetizó Alonso.

Asimismo, remarcó que las cuencas petroleras bajo licencias otorgadas por las autoridades de facto británicas poseen reservas equiparables a “dos Vaca Muerta”, al tiempo que alertó que la envergadura de las firmas involucradas eleva el riesgo de desastres ecológicos en el Atlántico Sur y el litoral marítimo continental.

Inacción diplomática y críticas a la política exterior

Durante la entrevista, el excombatiente denunció la pasividad del Gobierno nacional ante los avances unilaterales en el espacio insular en controversia, contraviniendo la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, cuestionó el silencio de la Cancillería argentina tras una única comunicación formal realizada en 2025, remarcando que el Poder Ejecutivo incumple el mandato de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Ante la Cadena Nacional que bridará el presidente, desde el CECIM expresaron sus cuestionamientos y se mantienen en alerta, señalando una alineación del Gobierno con agencias de inteligencia y organismos de defensa de Estados Unidos e Israel en perjuicio de los intereses soberanos sobre las Islas Malvinas.