martes 25 de agosto de 2026 - Edición Nº2820

Provincia | 25 ago 2026

Judiciales

Ordenan 15 detenciones por torturas y abusos en la Unidad N°51 de Magdalena

La Justicia bonaerense avanzó en la causa con procedimientos coordinados en dependencias carcelarias tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata.


La causa por los graves episodios denunciados en el penal de mujeres de Magdalena sumó una resolución central tras una serie de procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi. Las medidas judiciales incluyeron quince detenciones ejecutadas de forma conjunta entre la fiscalía, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.

El operativo buscó resguardar elementos probatorios fundamentales y poner a disposición judicial a los agentes y autoridades señaladas por los hechos sucedidos durante el mes de junio. Los procedimientos se concretaron en simultáneo dentro de varias unidades del sistema penitenciario bonaerense donde se encontraban prestando servicios los implicados.

La causa se originó a partir de los acontecimientos registrados el 3 de junio durante una requisa realizada tras un altercado entre internas en un pabellón. Las denuncias presentadas detallaron la aplicación de tormentos físicos, agresiones verbales, uso de gas pimienta a corta distancia y prácticas de asfixia conocidas como submarino húmedo contra cinco mujeres, además de dos presentaciones por abuso sexual.

El rol de la Comisión Provincial por la Memoria y las decisiones de la alzada

Tras las primeras presentaciones administrativas y penales, el Poder Ejecutivo provincial había dispuesto la separación preventiva de diez agentes de la fuerza, incluyendo a parte de la cúpula directiva del establecimiento penal. Esa medida administrativa funcionó como antesala de las actuaciones contravencionales e investigaciones judiciales que continuaron su curso en el Departamento Judicial de La Plata.

En el plano procesal, se produjo un contrapunto respecto a la participación institucional de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Aunque el juzgado de primera instancia había denegado inicialmente su incorporación como particular damnificado, la alzada modificó el criterio original y validó la legitimación del organismo.
 

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