El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reforzó las medidas de fiscalización y asistencia destinadas a usuarios de billeteras virtuales acumuladores de deudas.

La iniciativa surge a partir del incremento en las denuncias presentadas contra plataformas financieras y estudios de cobranza encargados de la gestión de deudas.

En ese marco, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, habló con Diagonal a Contramano y precisó que durante los primeros seis meses de 2026 la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor contabilizó 2.240 denuncias.

El registro muestra una aceleración exponencial al compararse con períodos anteriores: 393 presentaciones en 2024 y cerca de 1.000 reclamos durante 2025.

Hostigamiento en el cobro y falta de información clara

La intervención del área provincial apunta a frenar los métodos persuasivos e intimidatorios aplicados cuando las familias incurren en mora.

Aguilar advirtió que los estudios jurídicos y empresas de gestión de deudas recurren a llamadas insistentes sobre los entornos familiares o laborales de los deudores.

“Llaman a la madre, a los hijos, al trabajo, a la mujer. Todo este tipo de situaciones son las que estamos teniendo”, afirmó el funcionario, marcando que el hostigamiento es una práctica ilegal sin importar la legitimidad del pasivo.

La administración bonaerense dispone de mecanismos para intimar el cese inmediato de las llamadas extorsivas y abrir canales de conciliación. “Vamos a mediar muchas veces para que en la negociación individual bajen la deuda, los intereses y demás. Lo que tiene que cesar es el hostigamiento”, sostuvo Aguilar.