El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de repudio tras las declaraciones del diputado provincial Juan José Esper, quien había cuestionado el rol de los colegios profesionales en el marco de la presentación de un proyecto de ley enfocado en la objeción de conciencia.

La institución médica calificó los planteos del legislador como falsos y malintencionados, exigiendo una retractación formal ante la gravedad de las imputaciones.

El cruce institucional se desencadenó luego de que el legislador sugiriera en apariciones mediáticas que las resoluciones y normativas de las entidades colegiadas actúan como un tribunal de disciplina implícito sobre las convicciones personales de los profesionales de la salud.

La respuesta institucional y el marco legal provincial

Desde el Colegio de Médicos remarcaron que las atribuciones del organismo están enmarcadas en la Ley Provincial 5413, normativa que delega el poder de policía del Estado en la entidad para fiscalizar el ejercicio de la medicina.

Los voceros de la institución señalaron que esta función busca asegurar la calidad científica, la idoneidad y el apego a las pautas éticas en la atención, rechazando cualquier caracterización de la tutela profesional como un esquema de persecución ideológica o avasallamiento de derechos.

Asimismo, las autoridades del Consejo Superior defendieron la institucionalidad democrática de la colegiación y descartaron que el organismo opere mediante directivas arbitrarias o discrecionales.

Protección de la objeción de conciencia en el Código de Ética

Respecto al tema de fondo abordado en la propuesta legislativa de Esper, la entidad profesional subrayó que la libertad de conciencia de los médicos no requiere de nuevas coberturas imprevistas, dado que figura regulada y tutelada por el propio Código de Ética Médica.

La normativa define a la objeción de conciencia como un derecho primordial para la autonomía del profesional en el ejercicio de sus funciones, garantizando de forma expresa que su invocación no puede derivar en ningún tipo de sanción ni perjuicio disciplinario.

En ese sentido, los directivos concluyeron que la defensa de este principio ha sido constante en la labor institucional, por lo que instaron a encarar el debate parlamentario con rigurosidad normativa y sin deslegitimar la función constitucional de las entidades profesionales.