La diputada provincial de Unión por la Patria, Margarita Recalde, ingresó la iniciativa plantea una reforma al Código Procesal Civil y Comercial bonaerense (Decreto Ley 7425/68) destinada a brindar protección procedimental a los deudores hipotecarios en riesgo de perder su vivienda única y permanente.

Sin embargo, el proyecto calentó la Comisión de Reforma Política y la oposición se plantó ante el avance que buscaba el oficialismo. El interlocutor de la oposición fue el legislador del PRO, Alejandro Rabinovich, quién utilizó los argumentos del diputado de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, por los tiempos de aplicación y la posibilidad que “nuevos morosos” se incorporen en los cambios de normativas.

El proyecto incorpora el artículo 595 bis al régimen procesal, estableciendo que en los juicios de ejecución hipotecaria sobre viviendas únicas y permanentes de uso familiar, el ejecutado podrá promover un incidente de liquidación de deuda.

El deudor deberá acreditar que el inmueble es su vivienda permanente y que no posee otras propiedades, mediante la inscripción al régimen de afectación a la vivienda del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), presentando en el mismo acto una propuesta de pago.

El juez dará traslado por 10 días al acreedor hipotecario, quien podrá aceptar la propuesta, presentar oposiciones o formular una contrapropuesta.

Si no hay acuerdo o el acreedor no asiste a la audiencia, el juez ordenará un informe socioambiental de diez días para analizar los ingresos, la situación laboral y las edades de ambas partes. Con esos insumos, el magistrado podrá fijar de oficio un plan de pago obligatorio o dar por cerrado el incidente para continuar con la ejecución hipotecaria.