Frente a la escalada de los pasivos familiares en la provincia de Buenos Aires, donde el 28,5% de los deudores registra al menos una obligación irregular y la mora en billeteras virtuales alcanza el 34,1%, en la Legislatura provincial se acumulan iniciativas parlamentarias de distintos bloques orientadas a brindar un marco de alivio financiero a los hogares bonaerenses.

En la Cámara de Diputados, la legisladora peronista Ana Luz Balor ingresó un proyecto que modifica la ley de Defensa del Consumidor para incorporar formalmente la figura del sobreendeudamiento.

La norma propone suspender por un plazo de 90 días los procesos judiciales, embargos y ejecuciones de bienes para los usuarios que acrediten dicha condición.

Durante esa ventana temporal, se establece una instancia obligatoria de mediación administrativa en las oficinas municipales de defensa del consumidor para renegociar los saldos adeudados.

Por su parte, la diputada de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, impulsó una reforma al Código de los Derechos de Consumidores para encuadrar a los deudores familiares dentro de la categoría de “consumidores hipervulnerables”.

La iniciativa busca regular las metodologías de cobranza que ejercen las empresas privadas y asegurar la tutela del Estado. Vaccarezza contrapuso la mora del sector empresarial (2,9%) con el 11,2% que registran los hogares según el Banco Central, advirtiendo que las familias acuden al crédito para cubrir consumos de primera necesidad.

Las propuestas legislativas acompañan el esquema propio que comenzó a implementar el Banco Provincia, orientado a la quita de tasas y la extensión de plazos para deudores en situación crítica.

Uno de los proyectos más recientes fue presentado por el senador de Hechos, Marcelo Leguizamón. La propuesta busca crear un régimen especial de refinanciación de deudas en el Banco Provincia para personas físicas con obligaciones impagas de 90 días o más.

El programa contempla deudas por préstamos personales, de consumo, saldos de tarjetas de crédito y descubiertos bancarios. Para acceder, los ingresos netos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), fijando planes de pago de hasta 60 meses con cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso familiar.