El diputado nacional por el massismo, Sebastián Galmarini, elevó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para exigir que el Poder Ejecutivo, mediante la Cancillería y la Jefatura de Gabinete de Ministros, brinde precisiones sobre las consecuencias comerciales, productivas e institucionales generadas por el deterioro en las relaciones diplomáticas con la República Federativa del Brasil.

El pedido de informes surge luego de que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, reduciendo la representación a nivel de Encargado de Negocios.

Según fundamenta el texto, la determinación del Palacio de Itamaraty constituye un hecho de gravedad inusual en el historial bilateral, desencadenado tras las descalificaciones pronunciadas por el presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño y un integrante del Supremo Tribunal Federal durante un evento político realizado en el país vecino.

Cuestionamiento y foco en los sectores productivos

Al referirse al conflicto institucional, Galmarini advirtió sobre los riesgos que la falta de interlocución directa impone al entramado industrial de la provincia de Buenos Aires, el cual destina una porción sustancial de su producción fabril al mercado brasileño.

“Cuando hablamos de relaciones internacionales, y sobre todo con países de importancia para el nuestro, no se trata de ideologías ni de afinidad, sino de cuidar los intereses de la Argentina y de los argentinos”, enfatizó Galmarini.

De acuerdo con las cifras adjuntadas en el proyecto, la provincia de Buenos Aires concretó en 2025 ventas externas por más de 31.600 millones de dólares —representando el 36,4 por ciento del total nacional—, de los cuales 6.801 millones de dólares correspondieron al rubro de material de transporte terrestre.