Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló la magnitud de los recursos económicos y logísticos asignados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para contener las habituales manifestaciones que jubilados y pensionados llevan adelante frente al Congreso Nacional.
Según el estudio elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública, la administración central acumuló un desembolso superior a los 2.000 millones de pesos durante 2025 en 43 despliegues territoriales.
Los datos oficiales remitidos por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva arrojan un promedio de gasto de al menos 50 millones de pesos por cada jornada de protesta de los miércoles.
La presencia policial en las inmediaciones del Palacio Legislativo demandó la movilización de más de 43.000 efectivos a lo largo del año, manteniendo un promedio por marcha que osciló entre los 900 y los 1.200 agentes de las distintas fuerzas federales.
Un cálculo proyectado a la baja
Desde el equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS precisaron que los 2.000 millones de pesos consignados responden a una estimación sumamente conservadora.
Las dependencias oficiales respondieron de forma parcial a los requerimientos normativos, limitando sus reportes al gasto de combustible de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario Federal, así como al equipamiento básico suministrado a la Policía Federal Argentina.
El informe advierte que en las planillas estatales se omitieron ítems presupuestarios de alto costo: