El conflicto entre las universidades públicas y la Casa Rosada ingresó en una fase de máxima tensión. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que la próxima liquidación de salarios resultará clave para constatar si el gobierno de Javier Milei acata la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó la aplicación inmediata de los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución del máximo tribunal exige al Poder Ejecutivo ejecutar la recomposición salarial de docentes y nodocentes, además de actualizar las becas estudiantiles.
Sin embargo, en las casas de altos estudios denuncian que la sentencia debía verse reflejada en la liquidación de julio y que reina una total incertidumbre. “La semana pasada debieron haber liquidado desde la Secretaría de Educación. Nadie sabe qué liquidaron”, enfatizaron voceros del sistema universitario.
A la falta de precisiones sobre el pago de los haberes se suma la parálisis de los canales institucionales. Desde que la Corte ratificó la cautelar, las autoridades nacionales no volvieron a convocar a los rectores.
En simultáneo, la respuesta oficial ante la intimación judicial presentada por el diputado Esteban Paulón al jefe de Gabinete, Diego Santilli, evitó precisar si se acatará la sentencia.
Desde la Secretaría de Educación argumentan que la aplicación plena de la ley dependerá de la obtención de fondos a través de reformas promovidas en el Congreso, como el "súper RIGI", la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros y ajustes en el blanqueo de capitales. Criterio que es tajantemente rechazado en los rectorados, donde remarcan que una orden judicial no está sujeta a la aprobación de iniciativas legislativas.
“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla”, denunció la presentación elevada esta semana por el presidente del CIN, Franco Bartolacci.