La crisis prestacional y financiera del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense.

El bloque de diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), a través de los legisladores Mónica Schlotthauer y Christian "Chipi" Castillo, ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera de la obra social de los trabajadores estatales por un plazo de 180 días, con opción a prórroga.

La iniciativa se suma a la batería de reclamos que viene empujando la oposición para acorralar la gestión del presidente del organismo, Homero Giles, e impacta de lleno sobre el gobierno de Axel Kicillof.

Según el texto, el estado de emergencia busca abordar de forma urgente la caída de coberturas en diversos distritos, la acumulación de deudas con prestadores médicos e institucionales y los constantes cobros indebidos de copagos no autorizados que sufren los afiliados.

Autarquía financiera y que los jueces y legisladores también aporten

Uno de los ejes centrales del proyecto del FIT-U apunta a blindar la autarquía económica del IOMA.

La iniciativa exige que la totalidad de las contribuciones del Estado provincial y los aportes de los empleados públicos sean transferidos de forma directa y automática a las arcas del Instituto, impidiendo que el Poder Ejecutivo pueda retener o administrar esos recursos en otras cuentas de la administración central.

Incluso, la norma prevé el cobro de intereses punitorios en caso de que la Gobernación se atrase en los giros.

En tanto, para reforzar el principio de solidaridad del sistema, la propuesta introduce una cláusula de afiliación obligatoria para los sectores de mayores ingresos del Estado provincial: plantea que tanto legisladores, jueces y las máximas autoridades del Ministerio Público pasen a aportar obligatoriamente al IOMA bajo las mismas condiciones y porcentajes que el resto de los empleados públicos bonaerenses.

La reforma estructural que impulsa la izquierda alcanza también a la conducción del organismo. El FIT-U propone modificar de raíz la composición del Directorio, ampliándolo a 24 representantes que deberán ser elegidos mediante el voto directo, universal y secreto de los propios afiliados.

Bajo este esquema, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires perdería el control absoluto de la silla de mando y conservaría únicamente un representante técnico para la coordinación administrativa, debiendo convocar a elecciones dentro de los 60 días posteriores a la sanción de la ley.