La CGT logró modificar la reglamentación de la reforma laboral para sostener la caja sindical tras ganarle un round clave al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había limitado los ingresos gremiales en la letra chica del decreto publicado el mes pasado.

Frente a este escenario, la cúpula sindical abrió una instancia de negociación directa con Santiago Caputo, los Menem (Lule y Martín) y Diego Santilli; y consiguió que el presidente Javier Milei firmara un nuevo decreto modificando el esquema tarifario.

La normativa establece que el tope del 2% de las cuotas sindicales se calculará sobre el salario básico convencional y también sobre las "sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual", excluyendo el aguinaldo y las horas extras.

Alivio financiero y resguardo para las obras sociales

El ajuste amplía significativamente la masa de recursos que perciben los sindicatos. Además, el nuevo texto excluye del tope del 2% a los aportes extraordinarios que realizan los empleadores y que son utilizados habitualmente para financiar el sistema de obras sociales.

Los aportes sindicales representaron la verdadera batalla de fondo de la central obrera frente a la administración libertaria. En la Casa Rosada aceptaron ceder en este aspecto con el objetivo explícito de evitar una escalada de conflicto en las calles.

A la par de estos giros en la mesa política, la CGT había apostado en su momento a la vía judicial. Sin embargo, tras la caída de la medida cautelar en la Cámara de Apelaciones, la resistencia legal de la central sindical llegó a su fin.