El frente judicial del oficialismo nacional en territorio bonaerense sumó un capítulo de alta densidad procesal.

El juez federal Daniel Rafecas decidió postergar una definición sobre el pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán contra el diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, y ordenó en su lugar una exhaustiva batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de su patrimonio.

La resolución judicial busca blindar la consistencia de la acusación antes de formalizar la imputación. Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación, se encuentra imputado por el presunto delito de omisión maliciosa y es investigado en una causa paralela por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vinculada a su paso por la función pública nacional antes de desembarcar en la Legislatura provincial.

La estrategia de Rafecas apunta a cruzar los datos bancarios y registrales del legislador libertario para constatar si las omisiones en sus presentaciones patrimoniales fueron deliberadas. forme de dominio de inmuebles bajo sospecha (City Bell y otros).

El principal bache financiero que intenta desentrañar la fiscalía radica en los saltos contables de sus planillas.

Según el dictamen de Marijuán, al inicio de 2024 Adorni declaró bienes por $43,7 millones y deudas por $130 millones. Sin embargo, al cierre de ese mismo período, sus activos declarados treparon a $71 millones y sus deudas bajaron a $60 millones.

Es decir, incrementó su patrimonio en $27 millones y canceló pasivos por $70 millones en un solo año, cifras difíciles de contrastar con sus ingresos de la función pública.