La audaz ingeniería política que el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, desplegó para intentar sepultar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante un sistema de colectoras legislativas ingresó en una fase de estricto poroteo parlamentario.

Envalentonados por la reciente aprobación del "Super-RIGI", en los despachos de La Libertad Avanza (LLA) se instaló la tesis de que es perfectamente viable sancionar la reforma electoral aislándose de las condiciones de Mauricio Macri.

Con Macri plantado en defensa de las primarias, el oficialismo confía en saltear el veto amarillo sumando a los partidos provinciales y a la UCR dialoguista.

Sin embargo, la llave del cuórum quedó en manos de un trío de senadores radicales que carecen de gobernadores propios y rechazan la presión de la Casa Rosada, con el bonaerense Maximiliano Abad como la principal incógnita del armado en el mayor distrito del país.

Si bien el Ejecutivo confía en que los gobernadores del interior ordenarán los votos de sus representantes en función de los recursos y de las ventajas del “lema reducido” para enganchar sus boletas locales a la postulación de Javier Milei, el radicalismo presenta fisuras estructurales que amenazan con empantanar la estrategia oficial.

En la bancada de la UCR coexisten terminales sin alineación directa con los mandatarios provinciales; legisladores denominados “sin tierra” que se manejan con dinámicas de estricta preservación territorial y política.

Para prescindir del PRO, Santilli activó un plan de seducción hacia los bloques provinciales que suelen oscilar en sus niveles de colaboración con el Gobierno nacional.

La premisa oficial es simple: ofrecer la eliminación de las PASO como un beneficio directo para los aparatos provinciales, que detestan someterse a la nacionalización que imponen las primarias.