El apartamiento de Manuel Adorni de la estructura del Gobierno nacional ya es total.
La dimisión, que ahora deberá ser ratificada formalmente por la asamblea de accionistas de la petrolera, corta de raíz la última terminal institucional que le quedaba al exvocero presidencial.
Tras confirmarse su salida de la Jefatura de Gabinete el pasado sábado, la oposición y distintos sectores corporativos habían puesto la lupa sobre su continuidad en YPF, ya que al dejar la función pública quedaba habilitado para percibir de forma directa los honorarios de la empresa, cuyos balances estipulan una remuneración promedio de u$s 954.000 anuales para los miembros del directorio.
La salida en cadena de Adorni de la primera línea libertaria se aceleró drásticamente por el avance de la investigación penal que timonea el fiscal federal Gerardo Pollicita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo.
La causa indaga un presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos, motivado por las incrementos patrimoniales declarados que, según la denuncia, rozarían el 400% real. Además, las investigaciones sobre el uso del avión presidencial para comitivas familiares (como el viaje de su esposa a la Argentina Week 2026 en Nueva York) y vuelos privados compartidos con contratistas estatales de la TV Pública a Punta del Este.