El plan de ajuste fiscal de Javier Milei sufrió un tropiezo determinante en los tribunales de Comodoro Py. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución del máximo tribunal desestimó los planteos oficiales al considerar que no existía una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio. De este modo, el Ejecutivo deberá recomponer de inmediato los programas estudiantiles y actualizar los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023.

La batalla judicial se originó a partir de un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional contra el Decreto 759/2025 de Milei. Con esa normativa de jerarquía inferior, el Presidente había intentado condicionar la aplicación de la ley a la definición de nuevas fuentes de financiamiento.

La caída del salario docente bajo la lupa

Previamente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido que el incumplimiento salarial impactaba sobre el derecho a enseñar y aprender. Los jueces recordaron además que el Congreso ya había insistido con la sanción de la ley tras el veto presidencial original.

La medida de fuerza judicial vigente ordena el estricto cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Sin embargo, la cautelar actual no alcanza las recomposiciones presupuestarias generales correspondientes a los ejercicios financieros de 2024 y 2025.

Con este fallo definitivo sobre la vía provisoria, la Corte clausuró el camino de apelación inmediata intentado por los abogados del Estado. Mientras tanto, el expediente principal continuará su curso habitual en la Justicia para dictaminar la constitucionalidad final del decreto impugnado.