La histórica sentencia dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, que reconoció los fusilamientos de civiles en José León Suárez en junio de 1956 como delitos de lesa humanidad, sumará un inmediato e importante correlato político-institucional en La Plata.

Los diputados provinciales Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli presentaron un proyecto de declaración para otorgarle el reconocimiento de Interés Legislativo a la resolución de la jueza Alicia Vence, al tiempo que exhortan al Poder Ejecutivo provincial a decretar el Interés Provincial sobre el fallo.

El dictamen judicial, emitido bajo la rigurosa modalidad de un Juicio por la Verdad, determinó de manera taxativa la responsabilidad del Estado argentino en la planificación, ejecución y posterior entramado de encubrimiento de las ejecuciones sumarias perpetradas durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Libertadora”.

Un fallo sin condenas físicas pero con imputación histórica

Al tratarse de hechos ocurridos hace exactamente siete décadas, el juicio concluyó sin implicancias penales efectivas, pero con una contundente carga reparatoria y simbólica.

La jueza Vence acreditó que existió una persecución sistemática por motivos políticos contra ciudadanos bonaerenses, encuadrando el expediente N° 41.041 bajo delitos imprescriptibles según el derecho internacional.

En su veredicto, la magistrada dejó asentada la responsabilidad penal que les habría correspondido la pena de prisión perpetua a las máximas autoridades del régimen de facto y de las fuerzas de seguridad operantes en el territorio bonaerense en 1956.

El peso de la iniciativa en la Legislatura

El proyecto firmado por Eslaiman y Tignanelli enfatiza que la sentencia de la jueza Vence salda una deuda histórica con las familias de las víctimas y con la memoria colectiva argentina, ratificando el principio jurídico de que el paso del tiempo no convalida los abusos cometidos desde el monopolio de la fuerza estatal.

Para los legisladores, blindar institucionalmente el fallo desde los dos poderes del Estado bonaerense resulta fundamental para robustecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El texto ingresado formalmente en la Cámara Baja bonaerense destaca de forma explícita la persistencia y la lucha de las organizaciones de derechos humanos que, 70 años después, lograron que la verdad histórica quede asentada de manera definitiva en un fallo de la justicia federal.