El frente sindical que agrupa a los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires unificó su estrategia de presión y rodeó el despacho del gobernador Axel Kicillof.

A través de presentaciones consecutivas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se plegó formalmente al reclamo que ya venía sosteniendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), exigiendo una convocatoria perentoria a las mesas de negociación colectiva para discutir un nuevo esquema de actualización salarial.

Las conducciones gremiales argumentan que la realidad macroeconómica barrió con los entendimientos alcanzados en el inicio del año, sumiendo a los empleados estatales en una situación de “emergencia” que se ve agravada por el impacto de los últimos cuadros tarifarios en los servicios públicos.

El pedido de apertura de paritarias llega en una jornada clave, sumando tensión social a un Ejecutivo provincial acorralado por el recorte de fondos nacionales y la parálisis legislativa.

Judiciales: el 9% escalonado quedó sepultado por la inflación

El planteo de los empleados de los tribunales bonaerenses, conducidos a nivel provincial por Hugo Russo, cristalizó la insuficiencia de los acuerdos previos. Desde la AJB remarcaron que el último entendimiento salarial con la provincia  contempló una suba del 9% que se terminó de liquidar en cuotas entre febrero y abril.

Para el gremio judicial, ese porcentaje quedó completamente desactualizado ante el salto de precios del trimestre posterior, lo que licuó el poder de compra en los tribunales de las 20 jurisdicciones de la provincia: “La situación salarial de los trabajadores judiciales requiere una respuesta inmediata”, sentenciaron en el escrito remitido a la cartera laboral.

ATE: Alerta por tarifas en las dependencias y reclamos históricos en carpeta

Por su parte, el gremio de los estatales bonaerenses, comandado por Claudio Arévalo, ratificó la urgencia de la convocatoria mediante una misiva oficial dirigida al ministro Walter Correa.

El sindicato fundamentó el pedido en el deterioro del poder adquisitivo en los ministerios y dependencias descentralizadas, trazando un duro diagnóstico sobre el clima que se respira en las bases del sector público.

“Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente”, describió Arévalo.