El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso la citación a declaración indagatoria del diputado nacional José Luis Espert para la próxima semana, en el marco de una compleja investigación penal por el presunto delito de lavado de activos.

La medida procesal fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien reunió elementos para sostener que el economista liberal incorporó de manera deliberada fondos de origen ilícito al circuito financiero legal.

La causa judicial, que el año pasado provocó un fuerte sismo político al forzar el apartamiento de Espert de la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en el principal distrito electoral del país, hace foco en los vínculos comerciales del legislador previos a su consolidación en el armado libertario.

El presidente Javier Milei ensayó en reiteradas oportunidades una férrea defensa pública de su aliado, catalogando el expediente como una “operación mediática infame”; sin embargo, el avance de las pericias contables y los exhortos internacionales terminaron por configurar un dictamen fiscal sumamente adverso para el actual diputado.

El “Efecto Machado”: de los USD 200.000 al fideicomiso en Costa Esmeralda

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal se estructura sobre una transferencia bancaria específica por 200.000 dólares que Espert percibió en enero de 2020. Los fondos provenían de una firma controlada por el empresario aeronáutico rionegrino Federico “Fred” Machado, quien fue detenido por Interpol en Neuquén en 2021 y posteriormente condenado en los Estados Unidos bajo cargos de integrar una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero mediante el uso de aeronaves.

De acuerdo con el rastreo de la ruta del dinero ejecutado por la fiscalía de San Isidro, esos fondos de origen presuntamente espurio no permanecieron ociosos, sino que fueron aplicados de inmediato a la capitalización de bienes de alta gama en el mercado local.

Omisión de declaración, allanamientos y cautelares vigentes

El cerco judicial sobre el economista se construyó también a partir de sus propias contradicciones administrativas. En el expediente judicial quedó acreditado que Espert omitió declarar inicialmente la percepción de los 200.000 dólares en sus presentaciones juradas patrimoniales obligatorias. Solo tras el avance de la investigación y la publicidad del entramado criminal de Machado, el legislador se vio forzado a admitir el cobro, intentando justificar el vínculo comercial bajo el paraguas de los servicios profesionales previos a la campaña electoral.