El escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lejos de apagarse, continúa generando repercusiones políticas y se transformó en un nuevo foco de tensión para el gobierno de Javier Milei.

Mientras desde la Casa Rosada buscan dar por cerrado el tema tras la presentación de documentación vinculada a su situación patrimonial, la oposición mantiene los cuestionamientos y reclama explicaciones más profundas.

En los últimos días, incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del funcionario al asegurar públicamente que no cree sus explicaciones, profundizando una controversia que ya excede el plano judicial y se metió de lleno en la interna libertaria.

Contra las cuerdas

La ofensiva opositora también llegó al Congreso. Distintos bloques impulsan pedidos de interpelación y proyectos para que Adorni brinde explicaciones formales sobre la evolución de su patrimonio.

Sin embargo, el camino parlamentario no aparece sencillo. La oposición hoy no cuenta con los dos tercios necesarios para avanzar con medidas más contundentes, por lo que la estrategia pasa por conseguir quórum y forzar la apertura del debate en las comisiones correspondientes.

Si logra ese objetivo, el oficialismo quedaría obligado a discutir el caso en el ámbito legislativo, prolongando la exposición pública de una polémica que la Casa Rosada busca cerrar cuanto antes.

El pendrive de la discordia

La polémica se profundizó tras la presentación de la declaración jurada del funcionario y sus explicaciones sobre un capital equivalente a unos 500 mil dólares en Bitcoin almacenado en un pendrive.

Las dudas sobre ese patrimonio lograron unificar cuestionamientos de la oposición, pero también comenzaron a generar incomodidad en sectores dialoguistas y dentro del propio oficialismo.

En la Casa Rosada saben que Adorni es mucho más que un funcionario: se convirtió en una de las principales caras políticas y comunicacionales de Milei. Por eso, cualquier desgaste que sufra termina impactando directamente sobre el Presidente.

A medida que pasan los días, el problema para el Gobierno ya no parece ser únicamente patrimonial. La verdadera preocupación es que el caso siga creciendo y termine convirtiéndose en otro foco de desgaste para una administración que ya enfrenta tensiones tanto afuera como dentro de sus propias filas.