La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se ha transformado en el epicentro de una disputa política de alto voltaje que tiene en vilo a los 135 municipios.

En el centro del debate, la libre disponibilidad de una parte crucial del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un salvavidas financiero para las comunas. La tensión es palpable, especialmente después de una sesión frustrada por la crisis del IOMA, dejando a la oposición con la sangre en el ojo.

La votación, que fue nominal, terminó con 42 votos positivos y 39 negativos, aunque necesitaban dos tercios para ser aprobado, dejando por rechazado el proyecto. En el peronismo se esperanzan en avanzar en una discusión a futuro “en caso de empeorar la situación económica”.

“Este proyecto viene a traer tranquilidad para que los intendentes dispongan de libre disponibilidad de la primera cuota”, relató el autor del proyecto y marcó que “queremos que los intendentes puedan disponer de esos fondos para el pago de aguinaldos”.

El gobierno de Axel Kicillof, a través del jefe de bloque peronista Facundo Tignanelli, presentó una propuesta para modificar la Ley 15.561. La iniciativa buscaba que el 30% de los fondos municipales, actualmente atados a programas específicos de Infraestructura, Transporte y Cultura, pasen a ser de libre disponibilidad, al menos en su primera cuota.

Sin embargo, la oferta oficialista choca de frente con las demandas de intendentes y legisladores de la oposición, principalmente del radicalismo. Ellos exigen la libre disponibilidad del 100% de la totalidad de los fondos municipales.

“Queremos que los intendentes puedan disponer de esos fondos para el pago de aguinaldos”

Argumentan que esta flexibilidad es indispensable para “seguir prestando servicios y acompañando a sus comunidades”, además de garantizar el pago de sueldos a los empleados estatales en un contexto de fuerte ajuste económico.

Cómo se componen los fondos

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se nutre de un 8% de un endeudamiento autorizado de unos 3.865 millones de dólares, lo que equivale a la construcción de más de mil escuelas o la compra de más de 77 mil patrulleros.

A esto se suma un piso garantizado de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales, una suma que podría cubrir el sueldo mensual de medio millón de trabajadores o edificar unas cincuenta escuelas.

El primer desembolso, de 13.010 millones de pesos, ya se transfirió en abril, lo suficiente para pagar los salarios de más de 26 mil empleados públicos durante un mes.