jueves 11 de junio de 2026 - Edición Nº2745

Provincia | 11 jun 2026

Corrupción en LLA

El hombre de Bullrich en La Plata se acogió a la Ley de Inocencia Fiscal

El debate técnico sobre el alcance del Régimen Simplificado del ARCA y el antecedente que forzó la declaración jurada de Adorni.


El debate sobre la transparencia pública y la consistencia patrimonial de los funcionarios del Gobierno nacional sumó un capítulo de alta tensión política.

Tras la controversia desatada en torno a los bienes del entorno presidencial, una investigación periodística puso el foco sobre una presunta maniobra de adhesión masiva a la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que sectores opositores califican como una “autoamnistía” diseñada para evitar declarar el crecimiento de patrimonios por fuera de los ingresos registrados.

Según las últimas filtraciones, existen al menos 20 funcionarios y exfuncionarios de la administración de Javier Milei que ya aprovecharon los beneficios técnicos de este régimen de regularización tributaria.

Uno de los que se acogió al régimen simplificador es el hombre de confianza de Patricia Bullrich en La Plata, Juan Pablo Allan, que además es Director Nacional del Registro Nacional de Armas y concejal.

Allan, que quiere ser intendente de la capital bonaerense, fue uno de los protagonistas de la interna del PRO que dejó afuera a Julio Garro de un nuevo mandato y, además, está acusado de protagonizar la Mesa Judicial que armó María Eugenia Vidal para perseguir y encarcelar dirigentes sindicales.  

¿En qué consiste el "blindaje" de la Inocencia Fiscal?

Lejos de relativizar el alcance de la ley, fue el propio presidente Javier Milei quien se encargó de detallar y ponderar públicamente los beneficios técnicos de ser considerado un "inocente fiscal" a través de sus canales oficiales.

De acuerdo al diseño de la normativa, el plan oficial ofrece Blindaje patrimonial, el impuesto se liquida de manera independiente a la variación patrimonial o al consumo personal registrado por el contribuyente durante ese mismo período.

La normativa exime a los adherentes de tener que justificar ante el fisco los saltos o incrementos en sus activos, bajo la premisa presidencial de que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos” que ingresen al sistema. Esto facilita, entre otras cosas, el lavado de activos con origen en el narcotráfico y actividades ilegales.

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