El debate por el reparto de los recursos públicos volvió a calentar los pasillos de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el Bloque de Diputados de la UCR sumó una postura tajante al reclamar formalmente que los fondos destinados a las administraciones locales sean distribuidos de manera automática mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y bajo el esquema de libre disponibilidad para cada gobierno local.

Desde la bancada parlamentaria de la oposición advirtieron con dureza que la discusión legislativa en torno a la asignación de partidas para los municipios bonaerenses bajo ningún punto de vista debe transformarse en una disputa por el control político de la caja pública.

El fin de las afinidades partidarias en el reparto

La presidenta del bloque de la UCR, Alejandra Lordén, fijó la posición de la fuerza al exigir reglas de juego claras para el interior provincial.

“La Provincia debe garantizar una distribución justa y transparente. Los recursos pertenecen a los bonaerenses y no pueden quedar sujetos a afinidades partidarias, internas de poder o decisiones discrecionales”, gatilló la legisladora.

En sintonía, el diputado Valentín Miranda argumentó que el foco de la discusión parlamentaria debe centrarse en la gobernabilidad territorial antes que en la rosca de las cúpulas.

“Los municipios necesitan herramientas para responder a las demandas de sus vecinos y definir sus prioridades de gestión. No se trata de discutir quién controla los recursos, sino de fortalecer a los gobiernos locales para que puedan brindar respuestas concretas”, señaló.

Autonomía para los intendentes del interior

La defensa de la descentralización fue otro de los ejes del pronunciamiento radical. Al respecto, la diputada Priscila Minnaard destacó el rol de los liderazgos locales en el actual contexto de crisis: “Son los intendentes y los concejos deliberantes quienes mejor conocen las necesidades de cada comunidad”.

Bajo esa premisa, remarcó que resulta indispensable que cada distrito de los 135 cuente con la capacidad jurídica y financiera de decidir el destino final de las partidas según sus urgencias propias.

“Los fondos públicos deben llegar a cada municipio con criterios objetivos, previsibilidad y respeto por las decisiones de cada comunidad”, concluyeron desde el bloque, dejando sentada una postura que promete transformarse en una condición innegociable de la UCR de cara a las próximas votaciones clave del año legislativo.