La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto con la CGT. La central obrera cuestionó varios artículos del decreto y denunció que la Casa Rosada busca avanzar sobre la autonomía sindical y el financiamiento de los gremios.

“El Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, señalaron desde la conducción cegetista.

Uno de los puntos que generó mayor rechazo es la reducción del porcentaje mínimo de afiliados cotizantes necesario para disputar la personería gremial o la representación mayoritaria. El requisito pasará del 20% al 5%, una modificación que, según los sindicatos, facilitará la creación de nuevas organizaciones y multiplicará los conflictos por encuadramiento.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la medida apunta a ampliar la representación de los trabajadores y fomentar una mayor competencia sindical.

Financiamiento y control sindical

Otro de los aspectos cuestionados por la CGT está vinculado a los límites que la reglamentación fija sobre los aportes destinados a las organizaciones gremiales.

La normativa establece que las cuotas solidarias no podrán superar el 2% de los salarios de los trabajadores, mientras que los aportes previstos en convenios colectivos para cámaras empresarias u otras entidades tendrán un tope del 0,5%.

Para la central obrera, estas disposiciones representan una intromisión directa en la vida interna de los sindicatos y afectan mecanismos históricos de financiamiento del sistema gremial argentino.

“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones sindicales”, advirtieron desde la CGT, que además cuestionó que varios puntos de la reforma continúan siendo discutidos en la Justicia.

La disputa suma un nuevo capítulo a la tensa relación entre Milei y el sindicalismo. Mientras la Casa Rosada busca avanzar con cambios estructurales en el mercado laboral, la CGT se prepara para dar batalla tanto en los tribunales como en el plano político, en defensa de un modelo sindical que considera bajo amenaza.