El escenario político del municipio de Morón sumó un capítulo de extrema tensión institucional que amenaza con sacudir las estructuras del oficialismo local.

En diálogo con el programa Diagonal a Contramano, el concejal Diego Spina brindó precisiones sobre la trastienda de la interpelación aprobada por el Concejo Deliberante contra el intendente Lucas Ghi, motivada por la investigación judicial en torno a una funcionaria comunal vinculada a una banda de narcotráfico.

Spina confirmó que la sesión especial de interpelación quedó formalmente fijada para el próximo jueves a las 9:00 horas. “Somos cinco concejales que entendemos, junto con otros sectores políticos, que está bien y que es necesario que el Departamento Ejecutivo rinda cuentas con respecto a tener en su fila a una narco funcionaria”, argumentó el edil.

La sombra de Rousselot y el rechazo a la victimización

Durante la entrevista, Spina se encargó de marcar una clara línea divisoria respecto al alcance de la medida parlamentaria, saliendo al cruce de los sectores del entorno del intendente que intentan agitar fantasmas del pasado institucional del distrito.

“Es una interpelación de modo informativa que de ningún modo implica la destitución del intendente”, aclaró de manera taxativa.

El concejal apuntó de forma directa contra los asesores del jefe comunal, trazando un paralelo histórico con la destitución del exalcalde Juan Carlos Rousselot en la década de los noventa: “muchos de esos rousselotistas hoy son funcionarios, asesores y del entorno del intendente Lucas Ghi, y con aquella experiencia intentan hoy victimizarlo diciendo que convocamos a una sesión de interpelación al efecto de destituirlo. Es absolutamente falso”.

“Nosotros queremos que se sepa la verdad y hasta el fondo de la realidad qué pasó y qué pasa. No queremos que el intendente se victimice como le dicen los hombres de Juan Carlos Rousselot que debe hacer”, sentenció.

Los tres ejes clave que deberá responder Lucas Ghi

Aunque evitó anticipar el cuestionario cerrado que se desplegará en el recinto, Spina enumeró las principales inconsistencias y sospechas que el Departamento Ejecutivo deberá esclarecer ante el cuerpo legislativo.

Los bloques opositores exigirán saber si las autoridades municipales poseían conocimiento del paradero o prestaron algún tipo de cobertura a la funcionaria mientras pesaba sobre ella una orden de captura que la mantuvo prófuga por más de siete días.

Se pondrá la lupa sobre la jefa directa de la acusada, la secretaria de Género local, Laura de Peri. Spina denunció una compleja incompatibilidad de roles: “De Peri es funcionaria judicial, está de licencia en la Justicia para ser secretaria política y jefa de la narco funcionaria. Queremos saber cuál es el nexo y la relación tanto judicial como política entre ambas”.

El punto más escandaloso de la presentación radica en las condiciones de contratación de la implicada. Según reveló el concejal, Ghi firmó un decreto para pasar a la mujer a la planta permanente del municipio fundamentando que poseía un “máster en políticas de género”. “Lamentablemente la chica no había terminado el secundario. Queremos que nos diga por qué mintió diciendo que había hecho un posgrado posuniversitario”, fustigó.

La investigación no se detiene en la figura de la mujer detenida. La Justicia de Morón mantiene bajo la lupa a otros integrantes de la misma organización criminal que, según sospechan los concejales denunciantes, también se estarían desempeñando como empleados o funcionarios de la estructura municipal.

La sesión del jueves promete reconfigurar las alianzas en el mapa político del oeste del conurbano, en medio de un clima espeso por derivaciones judiciales que salpican la línea de flotación de la gestión local.