Las autoridades nacionales y provinciales aprovecharon el último día hábil de mayo para oficializar los cuadros tarifarios de los principales servicios públicos. A partir de junio, la luz y el gas (también el transporte) aumentan en todo el país, impactando de forma directa en el costo de vida de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Subsecretaría de Energía bonaerense confirmaron que las tarifas eléctricas de su jurisdicción van a subir entre un 6% (para usuarios con subsidio) y un 14% (para usuarios sin subsidio). Este aumento alcanza a las cuatro distribuidoras que operan en el interior y la capital provincial (EDEN, EDES, EDEA y EDELAP) y a la extensa red de cooperativas eléctricas locales.

Las nuevas facturas en el interior y La Plata

De acuerdo a las estimaciones de las autoridades provinciales, el impacto en las boletas residenciales del mes que viene se calculará bajo el siguiente esquema de consumo medio:

• Usuarios sin subsidio: Un hogar que en mayo pagó $50.000 de luz, pasará a abonar $53.600 en junio.
• Usuarios subsidiados: Un hogar que recibió una factura de $31.800, ahora rondará los $36.350.

El panorama para el Conurbano

A este esquema regulado por la gestión de Axel Kicillof hay que agregarle las actualizaciones de EDENOR y EDESUR, las distribuidoras de energía eléctrica que abastecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la regulación del Gobierno nacional.

En el territorio del conurbano también habrá variantes dependiendo del tipo de usuario y los niveles de consumo. A modo de referencia para el sector residencial de menor consumo, el aumento es cercano al 5% para los usuarios residenciales R1 sin subsidio.

El nuevo golpe al bolsillo se da en un contexto de extrema sensibilidad para las finanzas de los 135 municipios. Con una recesión que deprime las tasas locales y el comercio de barrio, los intendentes miran con preocupación cómo el encarecimiento de los servicios públicos esenciales, sumado a la quita de subsidios como los fondos de la Zona Fría, amenaza con disparar la morosidad en el pago de las facturas y profundizar la demanda de asistencia social en las intendencias del interior y el Gran Buenos Aires.