La parálisis administrativa en áreas sensibles del Gobierno nacional comenzó a generar consecuencias críticas en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires.
Obras sociales sindicales y direcciones gremiales del territorio bonaerense elevaron un fuerte reclamo formal ante el Ministerio de Salud de la Nación debido a las severas demoras en la autorización de medicamentos para patologías de alto costo.
El origen del cuello de botella está nítidamente identificado en el organigrama oficial: se trata del despacho del secretario de Gestión Sanitaria de la Nación, el Dr. Héctor Saúl Flores, donde resoluciones indispensables para habilitar la compra y entrega de fármacos vitales se acumulan de manera sucesiva sin su firma.
La problemática no es nueva pero alcanzó su punto de mayor tensión en los últimos meses. Las primeras alertas públicas y documentadas sobre este panorama surgieron en febrero de este año, donde diversos representantes del sector calificaron la situación como un “bloqueo sistemático”.
La falta de convalidación oficial afecta de lleno a tratamientos cuyos costos de mercado superan por amplio margen los umbrales financieros que las obras sociales pueden absorber de forma autónoma sin el correspondiente respaldo o reintegro de las partidas nacionales.
Lo que transforma este escenario de demora en una situación de extrema gravedad institucional es que el Ministerio de Salud está incumpliendo amparos dictados por la Justicia Federal.
Los magistrados intervinientes fijaron plazos perentorios y específicos para destrabar la cobertura de tratamientos oncológicos y de enfermedades crónicas de baja incidencia, pero las órdenes judiciales siguen sin ejecutarse en los escritorios de la Secretaría.