El malestar social por la profundidad de la motosierra libertaria sumó un nuevo y masivo capítulo en las calles.
Este miércoles al mediodía, las inmediaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la histórica Plaza de Mayo se convirtieron en el epicentro de la Marcha Federal por la Salud Pública, una masiva movilización transversal convocada por el Foro por el Derecho a la Salud que expuso la crisis prestacional, la parálisis en la entrega de insumos críticos y el deterioro general del sistema sanitario en todo el país.
La jornada, que incluyó un cese de actividades en efectores públicos sin afectar las guardias de emergencia, apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei y del ministro de la cartera nacional, Mario Lugones, bajo la consigna de “ponerle un freno a las políticas de destrucción” del sector.
La respuesta de la Casa Rosada ante el reclamo buscó diluir las responsabilidades institucionales. En las últimas horas, el ministro Lugones afirmó que “las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios”, asegurando que la Nación se limita estrictamente a garantizar los tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo y las vacunas del calendario anual obligatorio.
Sin embargo, los datos que se manejan en los distritos contradicen la versión oficial y fundamentaron el volumen de la protesta. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reveló que hacia fines de abril el stock de vacunas enviado por Nación registraba faltantes críticos en 5 de las 9 categorías del calendario obligatorio.
Las organizaciones denunciaron el desmantelamiento de hecho del programa Remediar, la herramienta federal que garantizaba el acceso a botiquines de medicamentos esenciales para personas sin cobertura social en los centros de atención primaria de todo el país.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aportó un fuerte volumen político a la marcha de hoy. Como antesala de la movilización, el gobernador Axel Kicillof encabezó ayer en La Plata un encuentro clave junto a unos 70 jefes comunales de diversas secciones electorales para coordinar la estrategia de resistencia sanitaria y rubricar un documento de rechazo al torniquete presupuestario.
Durante la cumbre con los alcaldes, Kicillof trazó un diagnóstico demoledor sobre el impacto de la política económica nacional en los indicadores más sensibles: “La interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, alertó el mandatario provincial.