En la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados de la Nación, la UCR de la provincia de Buenos Aires elevó al máximo su nivel de alerta.

El presidente del bloque de diputados provinciales de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, volvió a exigir de manera contundente que se mantenga sin alteraciones el régimen actual de la Ley N° 27.637 de Zona Fría, ante la inminente reforma impulsada por la Casa Rosada.

El legislador marplatense, acompañado por sus pares de bancada Silvina Vaccarezza y Matías Civale, advirtió que cualquier modificación en el esquema de subsidios al gas natural tendrá consecuencias "desastrosas" para la economía doméstica de millones de bonaerenses, en un escenario ya complejo por el aumento del costo de vida y el fuerte ajuste tarifario en los servicios públicos.

El impacto en números: 77 municipios bajo la lupa

La normativa vigente ampara a 77 distritos de la provincia de Buenos Aires que, por sus características climáticas y geográficas, registran temperaturas invernales extremas.

Entre las zonas afectadas se encuentran grandes aglomerados urbanos y medianas comunidades del interior como Mar del Plata y Bahía Blanca, aunque decenas de comunas agrícolas y costeras cuyos inviernos exigen un elevado consumo residencial de gas.

“Dejar sin el beneficio de Zona Fría a estos municipios implicaría una grave afectación a las economías familiares. A menor temperatura, mayor consumo; por eso es determinante mantener el subsidio universal”, enfatizó Garciarena a través de sus canales oficiales.

De subsidio universal a esquema focalizado

El eje del conflicto radica en el cambio de matriz que pretende aplicar el Poder Ejecutivo Nacional este miércoles en el recinto del Congreso. El proyecto oficialista contempla eliminar la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas para las regiones frías.

En su reemplazo, el Gobierno busca migrar hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo esta nueva modalidad, solo mantendrán una cobertura adicional aquellos hogares que demuestren ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), un tope que actualmente se posiciona en torno a los $4.400.000.

Para la oposición legislativa bonaerense, este criterio de focalización dejará desprotegida a una porción mayoritaria de la clase media trabajadora que no encuadra en los extremos de vulnerabilidad del SEF, pero que no cuenta con el resto del presupuesto familiar para absorber boletas de gas sin el descuento por zona climática. Con esta presión, el radicalismo provincial busca que los legisladores nacionales que representan a Buenos Aires fuercen modificaciones en el texto final de la ley.