El mundo de las aplicaciones de delivery y transporte se ha transformado en una realidad ineludible para la economía argentina, pero también en un terreno fértil para la precarización laboral.

Miles de "Rappis" y "PedidosYa" pedalean o manejan a diario sin un marco legal claro, expuestos a riesgos y sin acceso a derechos básicos. Es en este escenario que el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, decidió intervenir, presentando un proyecto de ley que busca ordenar el “salvaje oeste” de las plataformas digitales.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, tiene como objetivo central la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para los trabajadores.

Según Correa, esto facilitará el registro, permitirá recopilar estadísticas cruciales para la planificación estatal y, fundamentalmente, asegurará que los trabajadores puedan acceder a servicios y derechos que hoy les son negados. La propuesta se alinea con los debates de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el “trabajo decente” en la economía de plataformas.

Uno de los pilares del proyecto es el desarrollo de una aplicación propia de la Provincia, compatible con herramientas como Cuenta DNI. Esta app no solo serviría para un registro ágil de los trabajadores, sino que también funcionaría como un centro de acceso a servicios y una fuente de datos dinámicos para el diseño de políticas públicas.

Además, incorporaría botones de emergencia, incluyendo un “botón de pánico” para alertar a las fuerzas de seguridad y otro de “emergencia en salud” para asistencia inmediata ante accidentes viales, una preocupación constante en el sector.

Las claves del proyecto

El proyecto exige a las empresas de plataformas una mayor transparencia, obligándolas a informar la cantidad de trabajadores, su situación laboral, el promedio de horas trabajadas y los ingresos medios, datos hoy opacos que dificultan cualquier tipo de fiscalización.

Adicionalmente, las plataformas deberán contratar, a su exclusivo cargo, un seguro obligatorio que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica o farmacéutica durante la jornada laboral y los trayectos.

Para fortalecer los controles y garantizar condiciones dignas, la ley prevé la inspección de las llamadas “tiendas invisibles” o centros de distribución y almacenamiento.

Pero no todo es control: pensando en el día a día de los repartidores, se exigirá la creación de “paradores” o espacios físicos con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro para las herramientas de trabajo, en coordinación con los municipios.

El paquete de medidas se completa con beneficios tangibles para los trabajadores. A través de la aplicación provincial y en convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los repartidores accederían a descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad. Esto representa un ahorro significativo en los costos operativos de quienes utilizan sus propios vehículos para trabajar, fortaleciendo su capacidad operativa y mitigando el impacto de la inflación.