En el marco del ajuste general del 2% aplicado sobre la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación formalizó un recorte superior a los $63.000 millones.

Si bien desde la cartera sanitaria sostienen que el objetivo es evitar la “superposición de partidas” y priorizar prestaciones de mayor impacto, la medida generó una inmediata señal de alerta en el sistema sanitario por la sensibilidad de las áreas afectadas.

Los programas en la mira

El ajuste no es uniforme, sino que se concentra en herramientas clave de asistencia federal y provisión de insumos:

SUMAR+ (-$25.000 millones): Es el programa que mayor impacto financiero recibe. El Gobierno justificó la baja argumentando que se trata, en su mayoría, de transferencias directas a las provincias.

Acceso a Medicamentos e Insumos (-$20.000 millones): Este recorte afecta áreas críticas como el programa Remediar, el Banco de Drogas Oncológicas, tratamientos de alto precio y la asistencia a pacientes trasplantados. También se verán reducidas las partidas destinadas a dar cumplimiento a amparos judiciales.

Prevención y Organismos: La poda alcanza a programas de control de enfermedades endémicas, VIH, hepatitis, tuberculosis y salud sexual. Además, se registran bajas en los presupuestos del INCUCAI, el ANLIS-Malbrán y el SEDRONAR.

Voces de alerta por el impacto social

Pese a que desde el Ministerio de Salud aseguran que “no habrá perjuicio para los pacientes ni se abandonarán prestaciones sensibles”, las críticas desde el sector técnico no tardaron en aparecer.

El exsecretario de Salud y actual director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Adolfo Rubinstein, fue tajante al respecto. El especialista describió la medida como una “falta de conciencia” por parte de la conducción nacional respecto a las consecuencias que estas políticas pueden generar a mediano y largo plazo.

Según Rubinstein, el ajuste golpeará de manera directa a la población más vulnerable, que depende exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos de alta complejidad o medicamentos crónicos.

Con esta nueva reducción de partidas, el Gobierno nacional profundiza su política de déficit cero, aunque a costa de abrir un frente de conflicto con las provincias y las organizaciones de pacientes que ya denuncian dificultades en la entrega de insumos básicos en los centros de salud de todo el país.