La política argentina se sacude con una nueva denuncia de alto voltaje: la diputada Marcela Pagano, quien supo ser parte del riñón libertario, presentó una acusación penal contra el mismísimo presidente Javier Milei.

El eje de la controversia gira en torno a un presunto “encubrimiento” de delitos graves que, según Pagano, el mandatario habría omitido denunciar ante la justicia, generando un fuerte impacto en el escenario nacional.

El disparador de esta movida judicial no fue otro que una entrevista que el propio jefe de Estado brindó días atrás en un canal de streaming.

Fue allí donde Milei, en un diálogo distendido, deslizó dos episodios de gravedad institucional que, para la legisladora, ameritaban una acción inmediata por parte de un funcionario público, algo que, a su entender, nunca ocurrió.

Uno de los puntos más explosivos de la denuncia se centra en las declaraciones del Presidente sobre un supuesto “intento de golpe de Estado” contra su gobierno, ocurrido tras la victoria de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de medio término.

Pagano sostiene que, al describir esta situación, Milei estaría configurando un delito contra el orden constitucional y la vida democrática, cuya investigación es "indelegable" y de máxima gravedad institucional.

Los argumentos de la denuna

Las afirmaciones de Milei no se quedaron solo en la mención de un golpe, sino que escalaron al señalar a “los medios, políticos y empresarios como cómplices” de esta maniobra desestabilizadora.

Según el Presidente, estos actores habrían “jugado en contra del programa económico" y "cargado la calle con malas intenciones”, un relato que Pagano considera suficiente para activar las alarmas judiciales.

El segundo eje de la denuncia de Pagano apunta a otro pasaje de la entrevista donde Milei relató un intento de coima por parte de un empresario. La diputada interpreta que la conducta descrita por el Presidente encuadraría en el delito de cohecho activo, agravado si se confirma que la oferta de soborno fue dirigida a un funcionario de la talla del Presidente de la Nación, una situación que, nuevamente, el mandatario habría optado por no formalizar.