Ante la persistente parálisis en las prestaciones y los crecientes conflictos con profesionales de la salud, la Unión Cívica Radical (UCR) elevó la apuesta en la Legislatura bonaerense.

Los diputados Priscila Minnaard, Alejandra Lordén y Valentín Miranda formalizaron un proyecto de ley para la creación de la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del IOMA.

La iniciativa pretende constituir un cuerpo mixto, integrado por senadores y diputados, con la facultad de auditar de manera directa la transparencia en el manejo de los recursos y proponer medidas de normalización ante lo que consideran una “crisis estructural”.

Control y transparencia: los ejes del proyecto

La comisión no solo tendría funciones de diagnóstico, sino que operaría como un órgano de control activo sobre la gestión que hoy encabeza Homero Giles. Entre sus principales tareas se destacan las auditoría de fondos, que analizará el uso y destino de los fondos públicos que ingresan al organismo.

Además de evaluar el estado actual de las coberturas y la calidad de la atención brindada en todo el territorio provincial y tendrá bajo sus funciones la elaboración de dictámenes periódicos destinados a mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a la salud.

“Un mecanismo para dar respuestas”

“La iniciativa está destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones”, explicaron los legisladores radicales.

Para los autores del proyecto, el IOMA atraviesa una situación de abandono que ya no admite demoras: “Es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas reales”.

Este movimiento legislativo se suma al reciente pedido de interpelación al titular del organismo y pone de manifiesto la intención de la oposición de convertir la crisis del IOMA en un eje central de la agenda parlamentaria.

Según remarcaron Minnaard, Lordén y Miranda, la creación de esta Bicameral busca evitar que los conflictos financieros entre la obra social y los prestadores sigan recayendo sobre los hombros de los afiliados bonaerenses.