La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) se encuentra en el ojo de una tormenta judicial y mediática tras la revelación de sobreprecios que alcanzan cifras siderales en la adquisición de insumos esenciales.

Un informe lapidario del Ministerio de Salud de la Nación destapó una trama que sugiere un manejo poco transparente de fondos, generando indignación en un sector tan sensible como el de las personas con discapacidad.

El documento oficial no deja lugar a dudas: las compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis llegaron a registrar diferencias de hasta el 4.239% respecto a los precios de mercado.

Esta disparidad, calificada de “injustificable”, implica que el Estado argentino, con el dinero de todos los contribuyentes, pagó varias veces el valor real de productos vitales para garantizar la calidad de vida de miles de ciudadanos que dependen de la asistencia estatal.

Ante este panorama desolador, la justicia no tardó en actuar. La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, sugiere la existencia de un sofisticado sistema de contrataciones paralelas.

En el centro de las miradas se encuentra Diego Spagnuolo, quien ocupó la máxima autoridad de la ANDis durante una parte significativa del período analizado y ahora figura entre los procesados por este presunto fraude millonario.

Este esquema de desvío de fondos habría operado a través de las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), un mecanismo diseñado para cubrir tratamientos y elementos específicos de alto valor.