Un verdadero temblor sacudió la Casa Rosada en las últimas horas, con una noticia que tomó por sorpresa a propios y ajenos del oficialismo. Patricia Bullrich, la siempre combativa ministra de Seguridad, habría dado un paso contundente al supuestamente “soltarle la mano” a Manuel Adorni, el vocero presidencial que se ha convertido en una de las caras más visibles de la gestión libertaria.

La expresión, tan coloquial como cargada de significado en la jerga política argentina, implica un claro distanciamiento, una retirada de apoyo en un momento clave. No es un mero rumor de pasillo; la filtración apunta a una exigencia directa y sin rodeos: la presentación inmediata de la declaración jurada del funcionario.

Este movimiento de Bullrich no solo expone una grieta interna, sino que eleva la presión sobre Adorni a niveles impensados hasta ahora.

La declaración jurada de bienes es un documento fundamental para cualquier funcionario público, una herramienta de transparencia que busca evitar la incompatibilidad de funciones y el enriquecimiento ilícito.

Su exigencia, especialmente de parte de un peso pesado del gabinete, sugiere que hay algo más que un simple roce político. La lupa se posa ahora sobre el patrimonio de Adorni, y las preguntas sobre el origen de sus bienes o la consistencia de sus ingresos con su declaración previa se vuelven ineludibles.