El máximo tribunal bonaerense dio un paso clave para despegarse del control financiero de Gobernación. Sergio Torres y Daniel Soria, autoridades de la Corte, entregaron el proyecto de Autonomía Presupuestaria, al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, y la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.

La jugada incluye una nueva ingeniería financiera: la Corte pretende quedarse con hasta el 50% de la rentabilidad de los depósitos judiciales en el Banco Provincia. Esos fondos frescos se destinarían a infraestructura, tecnología y edificios propios durante los próximos 30 años.

Sueldos propios y paridad con Nación

En términos de salarios, la Corte fijará el escalafón para buscar una "paridad razonable" con la Justicia Federal. Proponen un convenio a cinco años con el Ejecutivo para recuperar al menos el 85% de la brecha salarial existente.

La distribución interna del botín presupuestario ya está pactada: un 65% para la administración de Justicia y un 35% para el Ministerio Público. Este esquema fue consensuado con la Procuración, el Colegio de Magistrados y el gremio de la AJB.

Además, el texto promete transparencia con la publicación de datos en la web y la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento. Sin embargo, la llave del manejo de la caja sigue siendo el punto más sensible de la negociación política.

Tras el encuentro con Magario y Dichiara, la pelota queda en el campo legislativo. El proyecto llega blindado por un apoyo institucional masivo de abogados y magistrados, poniendo a los legisladores ante el desafío de ceder control sobre los fondos públicos.