En una conferencia de prensa inédita, la Suprema Corte bonaerense integrada por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria expuso la fragilidad de un tribunal que funciona con tres miembros cuando la ley exige siete y le exigió respuestas al gobernador, Axel Kicillof. 

“Este tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, disparó Torres, recordándole al Ejecutivo y al Senado que la Constitución exige cubrir vacantes en 15 días. Según el magistrado, ya se acumulan 152 incumplimientos sistemáticos a ese mandato constitucional.

Además, la Corte busca la autarquía financiera para dejar de depender del Ejecutivo y administrar sus recursos, alegando que el 92% del presupuesto actual se consume solo en salarios.

El reclamo de las bases y el "caos" de las sentencias

El presidente de la Corte advirtió que la situación limita la conducción y complica las sentencias definitivas al tener que recurrir a jueces externos. “Postergar las definiciones es debilitar el sistema; avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”, remarcó.

Desde el gremio de la Asociación Judicial bonaerenses (AJB), Hugo Russo acompañó el reclamo pero le sumó pimienta propia: exigió una Ley de Paritarias. “Somos los únicos trabajadores del Estado que no tenemos acceso a la negociación colectiva”, lanzó.

Aunque Torres reconoció el avance de 412 designaciones entre 2024 y 2025 junto al ministro Juan Martín Mena, avisó que todavía quedan más de 200 vacantes pendientes en fueros sensibles como el de Familia.

Por ahora, Kicillof apuesta al consenso silencioso, aunque en la Corte sospechan que las vacantes podrían quedar desiertas todo el 2026. Con esta movida, los cortesanos trasladaron la brasa caliente al despacho del Gobernador y a la Legislatura; y la política deberá decidir si suelta el control o mantiene al Poder Judicial en la cuerda floja.